Información verificada confirma violaciones al derecho a la alimentación en Venezuela, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca de hambre; desvío de recursos, corrupción y falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de los servicios básicos; violaciones fundamentales respecto del derecho a la salud vinculadas a una falta generalizada de la disponibilidad de acceso a fármacos y tratamientos esenciales, al deterioro en las condiciones de hospitales, clínicas y maternidades, y la falta de factores subyacentes determinantes de la salud, incluyendo agua y nutrición adecuada.
Durante al menos una década, el gobierno, así como las instituciones controladas por éste, han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional. El gobierno ha utilizado las detenciones arbitrarias como uno de los principales instrumentos para intimidar y reprimir a la oposición política y cualquier expresión de disensión, real o presunta. En la mayoría de estos casos se sometió a las mujeres y los hombres a una o más de las formas de tortura, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia o simulacros de ahogamiento. El Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los DD.HH. a la verdad, la justicia y la reparación. La impunidad ha permitido que se repitan estas violaciones, ha envalentonado a sus autores y ha dejado de lado a las víctimas.
Las anteriores son algunas de las constataciones que contiene el informe de la Alta Comisionada de DD.HH. de la ONU sobre la situación en Venezuela. El informe es contundente y debiera concitar la condena unánime de la comunidad nacional e internacional. Desgraciadamente, como es propio de las dictaduras (recordemos que sucedió lo mismo con Pinochet) la respuesta del régimen de Maduro ha sido descalificar el informe. Nuestra actitud debiera ser, por el contrario, el de brindar nuestro completo apoyo a la labor que lleva a cabo la Oficina de la Alta Comisionada, a las diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos y expresar nuestra plena solidaridad al pueblo de Venezuela.
Lo anterior implica hacernos cargo del drama humanitario que están experimentando miles de venezolanos para ingresar a nuestro país por nuestra frontera norte. Tratándose de una situación excepcional, debiera responderse de manera igualmente excepcional, reforzando la atención consular, con un programa 24/7, eliminando trabas burocráticas con todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios para dar una pronta y expedita atención. Solo de esta manera podremos honrar la frase que cantamos a capela en los partidos de la selección, de que somos “el asilo contra la opresión”.