El lunes 15 -hace dos días- viajó a Washington el abogado Francisco Javier Urbina Molfino, quien fue recientemente nombrado como agregado de Derechos Humanos de la embajada de Chile en Washington, Estados Unidos.
Urbina -doctor en Derecho por la Universidad de Oxford y profesor de derecho constitucional en la Universidad Católica de Chile- se desempeñó como abogado del estudio Fermandois hasta hace unas tres semanas, cuando aceptó el inédito nombramiento, de carácter presidencial, que fue realizado previa consulta con el ministerio de Justicia y de Relaciones Exteriores.
Según explicaron en Cancillería, 'su designación se realizó con el objetivo de tener un funcionario que se dedique 100% a seguir todos los temas de la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos)', que depende de la OEA. Actualmente, Chile tiene cuatro funcionarios diplomáticos en esa misión -Jaime Francisco Alliende Leiva, Carolina Horta Gil, Mila Francisco Ferrada y Felipe Aravena Gálvez- a los cuales se sumará Urbina, quien tendrá dedicación exclusiva a las causas que se están tramitando ante la CIDH y que competen a Chile.
La CIDH -integrada por siete miembros elegidos por la Asamblea General de la OEA- es uno de los dos órganos del sistema interamericano responsables de la promoción y protección de los derechos humanos.
'Los temas que trata dicha comisión son cada día más amplios y complejos, y con los cuatro funcionarios diplomáticos que hay actualmente en OEA era necesario contar con una persona que tenga la función específica de seguir dichos temas en detalle', aseveraron en Cancillería. Mientras en Justicia agregaron que los casos que han llegado en el último tiempo a la CIDH 'han aumentado y se han diversificado', por lo que se requería un encargado especializado en la materia.
Desde esa cartera afirmaron a La Tercera PM que actualmente hay un 'incremento de actividad de la CIDH por la cantidad de reclamos que llegan desde los países, por grupos de la sociedad civil y del mundo político que buscan amplificar sus causas recurriendo a esa instancia. Obliga a tener más presencia para estar informado, reaccionar a tiempo, conocer la tendencia de la evolución de la Comisión, etc'.
En específico, desde Justicia detallaron que Urbina sería 'un procurador, la contraparte técnica en Washington'.
En mayo de este año, diez organizaciones de la sociedad civil expusieron en una audicencia pública ante la CIDH sobre la situación de los migrantes en el país, acusando 'graves vulneraciones de derechos, barreras y limitaciones que operan para los migrantes y refugiados en Chile'.
La petición de Chile a la CIDH
A fines de abril se levantó una amplia polémica en el país luego de que los representantes permanentes de Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay ante la CIDH enviaran una carta al secretario ejecutivo de esa instancia, Paulo Abrao, manifestando sus inquietudes respecto del actual funcionamiento del sistema regional de protección de derechos humanos.
'Sin desconocer los logros obtenidos por el sistema a lo largo de sus años de existencia, y reafirmando su compromiso con el texto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la declaración respetuosamente propone tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana la adopción de ciertas acciones que permitirán mejorar el funcionamiento de aquel de cara a los desafíos del siglo XXI', asevera la misiva.
Agregaron que el escrito 'subraya la importancia crítica del principio de subsidiariedad como base de la distribución de competencias del sistema interamericano. Dicho principio exige que tanto los Estados como los órganos del sistema asuman sus propias responsabilidades en la promoción y protección de derechos en la región, sin invadir las esferas de competencia de cada uno'.
A principios de mayo, el ministro Hernán Larraín debió dar explicaciones ante la comisión de RR.EE. de la Cámara baja, luego de que la oposición acusara que tras la carta había un intento del gobierno de debilitar a la instancia multilateral. ''Lo que queremos es un dialogo constructivo, abierto, público y transparente con el Sistema Interamericano, para fortalecer el rol que los Estados tienen, que es la primera responsabilidad. Cada Estado tiene que resolver los temas de violaciones a los DDHH que se produzcan en su territorio y, luego, cuando eso no ocurre, cuando no lo ha debido salvaguardar debidamente, entonces, que opere el sistema interamericano', dijo en esa ocasión.
Desde Justicia aseveraron a La Tercera PM que el nombramiento de Urbina fue una decisión anterior a esta petición del gobierno.