La crisis del coronavirus en la Unión Europea, es una prueba para sus democracias. Cuando se necesita unidad nacional para hacer frente a este desafío sin precedentes, algunos gobiernos aprovechan la crisis para ampliar sus poderes.
Con el pretexto de responder a la emergencia sanitaria vinculada al Covid-19, el Parlamento húngaro dio luz verde el 31 de marzo al gobierno de Viktor Orban, para que se concediera a sí mismo poderes ilimitados por un período indefinido. El gobierno húngaro, puede ahora suspender cualquier ley existente y aplicar otras por decreto sin control parlamentario o judicial; Vemos que las elecciones han sido suspendidas, se han cerrado las fronteras, se ha introducido la contención de la población y se ha ordenado, de forma polémica, la evacuación de la mitad de las 66.000 camas de hospital para poder alojar a todos los pacientes de coronavirus, en caso de que se extienda la epidemia. Robert Capa, indudablemente podría haber añadido esta deriva autoritaria a sus clichés inmortalizando los grandes eventos lamentables europeos.
Para sobrevivir a estos abusos, los autócratas necesitan el apoyo popular, y Orbán no es una excepción. Él está muy atento a la opinión pública y trata de moldear para que se adapte a sus propios objetivos. La epidemia del Covid-19 le dio una oportunidad de oro para estrechar su control sobre el poder y expandir su esfera de influencia sin ninguna oposición pública.
Según un estudio realizado por un instituto cercano al Gobierno, el 90% de los húngaros están a favor de las medidas adoptadas para contrarrestar la epidemia. Otras encuestas llevarán al mismo resultado: Orbán influye indirectamente en 150 periódicos, emisoras y medios de comunicación en línea.
Por otra parte, la realidad no puede ser totalmente parcial y una gestión de crisis fallida podría ser una "amenaza potencial" para la popularidad del gobierno. Por lo tanto, Orban está buscando posibles chivos expiatorios a los que apuntar si las cosas van mal. Por ejemplo, los nuevos alcaldes, que gracias a coaliciones muy amplias han tomado las principales ciudades del país, incluida la capital Budapest, creen que se han convertido en los murciélagos negros del gobierno. El Primer Ministro ha ordenado la transferencia de ciertos ingresos fiscales municipales a un fondo de emergencia creado para amortiguar las consecuencias del coronavirus. Bajo los nuevos poderes del gobierno, un decreto también introdujo el estacionamiento gratuito en las ciudades durante la contención, privandoles de otra fuente de ingresos, otro decreto también decidió que el impuesto comercial adeudado por una fábrica del gigante de la telefonía surcoreano Samsung irá ahora al cantón manejado por el Fidesz, el partido del presidente, en lugar de a la ciudad de la oposición donde se encuentra la empresa. Esto asegura que las ciudades dirigidas por la oposición no podrán proporcionar una mejor atención a sus residentes que en el resto del país.
Pero la guerra que se está librando contra los municipios no es sólo financiera. Con el fin de hacer más eficaz la lucha contra el coronavirus, un nuevo decreto preveía reducir la autonomía política de los alcaldes. Bajo un estado de emergencia, los alcaldes pueden tomar decisiones solos, sin consultar a las asambleas municipales, lo que normalmente refuerza su poder. Sin embargo, el texto del gobierno proponía someter todas sus decisiones a un comité de defensa local, que habría tenido cinco días para aprobarlas o rechazarlas. Esta propuesta no sólo hubiese sido peligrosa para la democracia húngara, sino que también hubiese complicado mucho la lucha contra el coronavirus, ya que hubiese permitido a los miembros del Fidesz de decidir sobre cuestiones locales que desconocen. Ante la protesta general de los alcaldes, el gobierno tuvo que dar marcha atrás.
Uno de los decretos también ha introducido otros puntos no relacionados con el coronavirus, como la prohibición de cambio de sexo. De hecho, se trata de una estrategia utilizada desde hace mucho tiempo por el gobierno húngaro: mezclar cuestiones aparentemente sin importancia con cambios legislativos profundos ayuda al gobierno a presentar las voces disidentes como radicales, fuera de la zona de confort de los húngaros ordinarios. El gobierno también ha asignado soldados para dirigir "El esfuerzo estratégico de 84 compañías estratégicas", incluyendo Tesco y T-Com.
La preocupante noticia podría finalmente empujar al Partido Popular Europeo (PPE) a excluir de sus filas a Fidesz, suspendido oficialmente desde el año pasado. El nuevo presidente del PPE, Donald Tusk, recordó a los funcionarios del partido que "El estado de emergencia debe ser utilizado por los gobiernos para luchar contra el virus, no para fortalecer sus propios poderes a expensas de los ciudadanos". Trece partidos miembros del PPE utilizaron esto como base para proponer la exclusión del Fidesz de la familia de la derecha europea.
La situación política del país es sombría, pero los ciudadanos sienten que sus vidas están siendo impactadas por el virus - pero no por esta manipulación prepotente. El sol de primavera saldrá mañana, los temores de los húngaros no desaparecerán, ni tampoco la voluntad de Orbán de utilizar la crisis en su propio beneficio. Los húngaros amantes de la libertad tendrán que librar dos batallas a la vez: una contra el virus y otra contra un autócrata. Ninguno de los dos será fácil de ganar.