El mandato de Michelle Bachelet como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH. comenzó con un signo de interrogación: ¿cómo sería su trato con Cuba, Venezuela y Nicaragua? Regímenes autoritarios, con cuyos presidentes mantuvo una buena relación en los tiempos en que ella misma era Jefa de Estado.
La ex Mandataria está a punto de cumplir la mitad de su período -que puede ser renovado por otros cuatro años más-. Fue nombrada en agosto de 2018 y comenzó sus funciones en septiembre. Representantes y especialistas en DD.HH. de distintos países de América Latina y Europa evalúan el desempeño de Bachelet en uno de los cargos más importantes de la ONU. Coinciden en que las dudas iniciales con respecto a esas naciones fueron superadas. Con la excepción, quizás, de Cuba.
Mario Isaías Tórrez, director del Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Politécnica de Nicaragua, asegura que la crisis de su país sí está en la agenda de la Alta Comisionada. Recuerda que el 2 de julio, Bachelet emitió un nuevo informe para el Consejo de Derechos Humanos de actualización sobre la situación de la nación centroamericana, a partir del cual hubo una nueva declaración de condena desde este órgano para el gobierno nicaragüense.
“Considero que estos son buenos indicios para hacer un balance sobre su trabajo durante este período. Con esto podría asegurar que sí, que las dudas iniciales que algunas personas pudieron haber tenido sobre su gestión, fueron despejadas por el tiempo y por su actuación. No sé si habrá sectores que sigan manteniendo este tipo de críticas, pero en el terreno de lo objetivo, fueron superadas”.
En febrero de este año, Bachelet ya había emitido un documento sobre Nicaragua también presentado ante el Consejo de DD.HH. en Ginebra, en el que advirtió de la necesidad de enviar una misión a Managua, posibilidad negada por el gobierno de Daniel Ortega, y apuntó, que desde su informe previo, presentado en septiembre de 2019, las violaciones a los DD.HH. no habían cesado.
Para Tórrez, los “prejuzgamientos” que pudieron existir sobre si habría “tibieza” con respecto a gobiernos que en algún momento fueron considerados «amigos» fueron “prematuros” y lo ejemplifica con los informes emitidos sobre Venezuela en los que alerta “de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se están cometiendo en ese país”. Opina que el hecho de que se refiera a torturas, tratos crueles e inhumanos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, represión selectiva, allanamientos ilegales, colectivos armados, “sugiere, aunque no directamente, la responsabilidad penal internacional de las autoridades políticas en el tipo de crímenes que está investigando preliminarmente la Corte Penal Internacional con respecto al caso venezolano».
Pablo Cabrera, ex diplomático e investigador del Centro de Estudios Internacionales (CEIUC) de la Universidad Católica de Chile, señala que “los hechos hablan por sí solos. Siempre cuando una persona ha tenido un cargo político partidario, en este caso de alta responsabilidad, y después asume un cargo de otra naturaleza a nivel internacional, obviamente que su aproximación a los temas cambia. No es lo mismo ser Presidenta de un país, con un programa de gobierno, que ser Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hay una aproximación distinta y ella ha superado las críticas que existían al respecto”.
Subraya que los Derechos Humanos son el primer asunto de atención de Naciones Unidas, “es el tema que produce mayores casos, discusiones, debates. Por tanto, la tarea de una Alta Comisionada tiene mucho escrutinio público, no solo de los Estados, sino que de las personas. En ese contexto, creo que ella no ha recibido ninguna acusación masiva o se le ha imputado alguna responsabilidad con respecto a la no actuación, o la inacción como Alta Comisionada de los DD.HH.”.
Silencio con respecto a Cuba
La ONG UN Watch presentó un estudio en septiembre de 2019 sobre el primer año de Bachelet en el cargo de Alta Comisionada, en el que ofrecen “críticas mixtas” sobre la ex Presidenta y cómo enfrenta a los violadores de los derechos humanos del mundo. Cuestionan que para ese momento no había ofrecido ninguna declaración sobre las víctimas en 20 países “que tienen algunos de los registros de derechos humanos más atroces del mundo”, allí incluyen Argelia, Bielorrusia, Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Mauritania, Qatar, Uzbekistán, Vietnam, Zimbabwe y Cuba.
Con respecto a este último país, Gabriel C. Salvia, director General del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), con sede en Argentina, está de acuerdo en que “sigue en deuda respecto a Cuba, el único país de América Latina que no ratificó los dos grandes pactos de de la ONU y con un documentado historial de falta de compromiso con el sistema universal de DD.HH.”. No obstante hace la salvedad de que “siendo chilena se espera que Bachelet influya más en América Latina, pero honestamente hay regiones del mundo con problemas mucho más graves de DD.HH.”.
“Bachelet está a cargo de un organismo complejo, con muchas responsabilidades y grandes desafíos. Es difícil calificar su gestión de casi dos años, en especial porque la ONU la integran Estados, de los cuales un tercio son dictaduras y otro tercio son democracias defectuosas. A esto se suma el retroceso político de la democracia desarrollada más influyente: Estados Unidos. No se puede pedir que la ONU sea algo muy diferente de lo que representan la mayor parte de los Estados que lo componen. Y hay muchos problemas en el mundo, desde crisis migratorias, problemas étnicos, cambio climático y ahora se sumó la pandemia. Siendo las democracias una minoría en la ONU, pienso que la Oficina del Alto Comisionado de DD.HH. hace una labor fundamental y esto se ha mantenido bajo el liderazgo de Bachelet”, afirma Salvia.
La Alta Comisionada debe ejercer sus funciones en un mundo en el que hay un “progresivo deterioro de las democracias establecidas” y “un deterioro de los derechos políticos y de las libertades civiles” en todas las regiones del mundo, de acuerdo con la última edición del informe Libertad en el Mundo 2020, que elabora Freedom House.
Ramón Muñoz, director de la Red Internacional de Derechos Humanos -con sede en Ginebra-, recuerda que Cuba nunca ha permitido el ingreso de los relatores de la ONU y se mantienen “cerrados a la supervisión internacional”. Aunque especifica que el caso se mantiene en agenda, sea en el Consejo de DD.HH. o en los Órganos de tratados de DD.HH., que son comités de expertos independientes que supervisan la aplicación de los tratados internacionales. “No es que no se hace nada, pero se trata de un Estado refractario, lo que lo hace más difícil. Además, hay un grupo de países alineados con Cuba por distintas razones, aunque la principal es que consideran injusto el embargo y el bloqueo de los Estados Unidos, ese tema les permite mantener una diplomacia muy activa. En la Asamblea General cada año se votaron resoluciones sobre Cuba, en donde la mayoría estuvo en contra de las sanciones de embargo y bloqueo. Además, me temo que es una historia muy antigua y actualmente hay otras crisis emergentes en América Latina”.
Otro punto que recuerda Salvia, director de Cadal, sobre este tema es que Cuba es uno de los países del mundo que más veces integró -seis- el Consejo de DD.HH. y en febrero La Habana presentó su candidatura para obtener un escaño para el período 2021-2023.
Jessica Corredor, directora del área internacional del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad-Dejusticia, expresa que los cuestionamientos fueron superados “parcialmente”. Está de acuerdo en el caso de Nicaragua en que las organizaciones destacaron el informe presentado en la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, “en el cual denuncia y critica las diversas violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno de Ortega”, aunque sobre Venezuela apunta que “aceptó varias concesiones de las que solicitó el gobierno de Maduro”; y sobre Cuba puntualiza que “a pesar de estos avances, algunos sectores y defensores de DD.HH. siguen reclamando una postura más fuerte y más crítica, en especial frente al régimen cubano”.
Venezuela en el centro de su gestión
El 26 de septiembre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la primera resolución en su historia sobre Venezuela. El texto expresaba su preocupación “por las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria”, y solicitaba a la Oficina de Derechos Humanos redactar un nuevo informe “exhaustivo” sobre la situación del país petrolero.
Con ese mandato comenzó la gestión de Michelle Bachelet. Durante semanas consecutivas de octubre y noviembre de 2018, representantes de la oposición de ese país asistieron a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Venezuela (PNUD) exigiendo la presencia de la Alta Comisionada en Venezuela, un hecho sin precedentes si se consideraba que antes de ella, hubo 11 relatores que solicitaron ir a Venezuela, pero el régimen no les otorgó permiso para ingresar.
Finalmente en marzo de 2019 llegó una comisión “de avanzada” de la Oficina de la Alta Comisionada a Venezuela y la propia Bachelet también visitó la nación en junio de ese año, emitiendo después un informe que fue calificado como “lapidario” por las ONG de DD.HH. venezolanas y que Nicolás Maduro denostó al afirmar que estaba lleno de “errores”.
Para Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, “la Alta Comisionada en lo concerniente a Venezuela tuvo una gran repercusión. No solo por el informe, sino por su presencia. Las organizaciones se sintieron mucho más cercanas al trabajo de Naciones Unidas, más representadas y sobre todo más escuchadas. Personal de su Oficina se quedó en el país, lo que ha permitido que haya reuniones periódicas con estos representantes y canales abiertos de comunicación. Para el venezolano promedio saber que la Alta Comisionada, que Naciones Unidas se preocupan por lo que ocurre en Venezuela fue esperanzador”.
Daniels entrega una visión política sobre la visita y el impacto que tuvo la figura de Bachelet para cambiar la visión de la región sobre lo que ocurre en Venezuela: “Antes del Consejo de DD.HH., antes de la misión de la señora Bachelet, la izquierda de la región era un bloque homogéneo respecto a dar su solidaridad ‘al oprimido gobierno de Nicolás Maduro, víctima de el imperialismo norteamericano’. A partir de que la Alta Comisionada, que es una reconocida líder de izquierda, dice que en Venezuela se están cometiendo atrocidades iguales o peores a las que cometieron las dictaduras derechistas del cono sur de los 70 y 80 muchos reflexionaron y dijeron: ‘ah, ya no puedo tener una opinión tan sesgada sobre el caso venezolano, tengo que equilibrar’. Está el caso de Pepe Mujica; en Argentina ha habido un cambio significativo sobre el caso venezolano; e incluso en México. La izquierda latinoamericana tuvo que, finalmente, abrir los ojos”.
Pese a los avances sigue habiendo organizaciones que exigen posturas más contundentes de la Alta Comisionada con respecto al país petrolero. La ONG Foro Penal hizo un llamado de atención sobre el informe del 2 de julio de 2020, en el que destacan que las 23 recomendaciones realizadas por la Oficina en su informe 2019 han sido incumplidas en su totalidad por el Estado venezolano. Ejemplifican con que una de las condiciones previas a su visita de junio de 2019, fue el acceso a sitios de reclusión con denuncias muy graves sobre la condición de los presos, lo cual no se ha concretado.
Agregan que el número de presos y detenidos políticos ha aumentado: “Desde el informe del año pasado ha habido más de 337 detenciones arbitrarias con fines políticos y el número de presos políticos ha superado el promedio semanal de 400 personas”, así como se mantienen organizaciones que recomendó disolver como las FAES, que son las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, y los grupos armados civiles progubernamentales, conocidos como colectivos.
En la misma línea, el Grupo de Trabajo Contra la Impunidad en Venezuela alertó que el informe del 2 de julio no analiza las consecuencias de la corrupción sobre los DD.HH., y el Estado de Derecho. El miércoles la Alta Comisionada presentó ante el Consejo de Derechos Humanos dedicado en particular al sistema de justicia y al llamado Arco Minero del Orinoco, un área para la extracción de bauxita, coltán, diamantes, oro, hierro y dolomita, en el que conviven distintas mafias, el narcotráfico y mineros ilegales, y que se le considera además un “crimen ecológico”.
En una versión del informe difundida por ONU, se detalla que el ACNUDH identificó varios factores que socavan considerablemente la independencia del poder judicial, como la inseguridad en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para su designación, la presión política que se ejerce sobre ellos, la precariedad de sus condiciones de trabajo y las restricciones a su libertad sindical. Además, indicaron que, especialmente en los casos de relevancia política, los jueces aguardan recibir instrucciones de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia antes de tomar una decisión por temor a ser despedidos o a sufrir otras represalias.
La oficina especifica que el salario mensual de un juez gira en torno a 30 dólares de los Estados Unidos, lo cual incrementa el riesgo de corrupción en todos los ámbitos; y advierten que esta misma inseguridad de titularidad la sufren también los fiscales del Ministerio Público.
Sobre el Arco Minero subrayan que el Banco Central de Venezuela tampoco publica información actualizada sobre los volúmenes de oro y otros minerales que recibe de la empresa minera estatal Minerven, ni sobre la cantidad de minerales que se exportan, o sobre cuál es su destino principal o el monto de divisas extranjeras que el Estado recibe a cambio. El texto se explaya en explicar que gran parte de la actividad minera, tanto dentro como fuera del Arco Minero, está controlada por grupos delictivos organizados. Así como los efectos en la salud y el medio ambiente debido a la contaminación resultante del uso generalizado de mercurio. No obstante su prohibición como método de obtención o tratamiento de minerales en Venezuela. Como en casos anteriores, el régimen chavista rechazó este nuevo informe presentado por la ex Presidenta y lo tildó de «tendencioso».
Bachelet frente a la comunidad internacional
Tras su primer discurso oficial en Ginebra, el 10 de septiembre de 2018, la Alta Comisionada recibió duros cuestionamientos de Austria, Italia y China que desembocaron en un artículo de opinión publicado en el diario italiano Il Giornale titulado “Comunista y amiga de dictadores”. Más recientemente las críticas las recibió de Israel, tras declarar que la anexión de Cisjordania “es ilegal. Punto».
Hay una coincidencia unánime de los analistas en cuanto a que esta es la respuesta natural de las naciones en cuanto consideran que sus intereses están afectados. “Hay que mirar el procedimiento y los mecanismos de Naciones Unidas. A veces es muy fácil criticar y no conocer el fondo. Hay casos en los que se ha criticado la lentitud del trabajo del Alto Comisionado de Naciones Unidas, pero eso a veces se explica por el hecho de que tienen que hacer un informe lo más ajustado a la defensa y promoción de los derechos humanos y ahora, incluso dedicado a la prevención de las violaciones a los DD.HH. Ahí se hieren muchos intereses, muchas políticas de algunos países que pueden ser atentatorias contra el principio rector, que es la promoción y la defensa de los DD.HH., y la prevención”, opina Pablo Cabrera, del CEIUC.
Analiza Mario Tórrez, de Nicaragua, que “a los gobiernos les resulta muy cómodo condenar violaciones a derechos humanos cometidos por otros Estados, pero cuando son ellos los que son sentados en el banquillo de los acusados, para analizar su gestión en derechos humanos, el discurso cambia”, casos en los que llegan a utilizar como contraargumentos el “escudo soberanía”, “injerencismo” o “parcialidad”, plantea el Director del Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos.
En el caso específico de la reciente controversia con Israel, Jessica Corredor de la organización Dejusticia, señala que “la relación de la OHCHR con ciertos gobiernos, como el de Israel, por ejemplo, siempre ha sido tensa. Hay que recordar la relación que mantuvo el gobierno de Israel con Navi Pillay y luego con el príncipe Zeid, a pesar de que en un inicio se pensó que la relación iba a mejorar con el nombramiento de este último -altos comisionados previos a Bachelet-. A esto se suma que Israel es un gran aliado del gobierno de los EE.UU., quien se retiró del Consejo de Derechos Humanos en 2018, por lo cual es casi ‘normal’ que ambos gobiernos critiquen la ‘politización’ de la oficina”.
Muñoz, a cargo de la Red Internacional de Derechos Humanos, precisa que la posición del Alto Comisionado “requiere dosis enormes de diplomacia”, ya que su rol es promover el diálogo y conseguir acuerdos. “Actúa como su mandato se lo permite y tiene que tener mucha prudencia. En Europa, cuando las Naciones Unidas dicen algo con pocas excepciones las reacciones son brutales. Sucedió por ejemplo cuando hubo las manifestaciones de los llamados ‘chalecos amarillos’ en Francia y varios relatores se pronunciaron. Las reacciones fueron muy poco amables. Algo parecido sucedió con España, cuando hubo protestas por el fallido referendo independentista. A ningún Estado le gusta que le digan que está fallando. Es la dinámica del juego diplomático, y ha logrado cosas, no tanto como las que uno desearía, pero mucho depende de lo que hagan los Estados”.
Su antecesor, coronavirus y migración
El príncipe jordano Zeid Al-Hussein fue el antecesor de Bachelet. En el reporte de UN Watch del primer año de gestión de Bachelet los comparan y dicen que en promedio Zeid hacía 281 declaraciones por año. Mientras que Bachelet en su primer año hizo 189, y la emplazan a pronunciarse más. Para Cabrera, “las comparaciones no son siempre buenas porque los escenarios siempre son distintos, la dinámica de las relaciones internacionales es muy rápida, evoluciona y cambia. Analizar el contexto de hoy con la mirada de hace dos años trae problemas. Con respecto a la visibilidad, tiene que ver mucho con las maneras de trabajar, con la efectividad de los reportes que hacen”.
En esa línea, el mérito que Daniels, desde Venezuela, destaca tiene que ver con la continuidad que hubo entre ambas gestiones. “Los dos informes que Zeid hizo son demoledores, pero al ser una persona desconocida en el ámbito occidental, no tuvieron la misma trascendencia. No obstante, permitió la formación de un equipo, que es el que está actualmente con la Alta Comisionada. No es lo mismo construir un equipo desde cero que empezar con uno como el que tenía el príncipe al-Hussein. Para mí ese es su mayor logro”.
Por su parte, Tórrez evidencia que los mandatos como el del Alto Comisionado son muy claros, por tanto las diferencias se marcan más bien en los tipos de liderazgos y las gestiones, “no son diferencias de fondo sino de estilo”, dice, en que los desafíos van a depender de los tiempos políticos que viva el mundo y las crisis a las que tenga que responder cada funcionario, pero la línea o la pauta de actuación va a ser siempre la misma.
La mirada del mundo durante la gestión de Bachelet ha estado puesta en temas como la migración y, más recientemente, en la pandemia causada por la Covid-19.
“Considero que el balance de la gestión de la Alta Comisionada ha sido positivo y precisamente en cuanto a temas migratorios, frente a los cuales se ha pronunciado de manera constante y contundente. ¿Tal vez sea también porque es una problemática que afecta el continente Latinoamericano que ella bien conoce? También se ha preocupado por las poblaciones desplazadas internamente, lo cual evidentemente hace eco acá en Colombia. En cuanto a la pandemia, también ha sido reactiva y pertinente, al relacionar rápidamente sus efectos con la desigualdad, y las brechas que el virus está profundizando”, evaluó Corredor, desde la organización colombiana Dejusticia.
Para cerrar, Salvia concluye que “la aspiración universal de los derechos humanos está íntimamente asociada a la globalización de la democracia. En ese caso sí aplicaría esta frase incluida en el plan de gestión 2018-2021 de Bachelet: ‘En un mundo tan dividido en tantos aspectos, los derechos humanos nos pueden unir’. Bachelet tiene la gran oportunidad para ejercer un liderazgo internacional basado en la promoción de la democracia como pilar para la ampliación de todos los derechos”.
Fuente: El Libero