La región andina está cada vez más complicada: cuatro de sus cinco países atraviesan crisis de diversos grados, un panorama económico-social complejo que se ve agravado por el fuerte embate del coronavirus (Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela), mientras en Colombia la pandemia también se dispara en número de contagios y muertos, y el arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe, y de su abogado, ordenado por la Corte Suprema de Justicia, en una causa por fraude procesal y soborno, tensó al máximo el ambiente político.
Mientras los familiares de las víctimas de ejecuciones del ejército celebraban esta detención, el presidente Iván Duque hacía una incondicional defensa de su mentor político y proponía llevar adelante una profunda reforma judicial; defensa y propuesta que desataron una ola de críticas desde la oposición. Por su parte, el partido del ex presidente, centro democrático, solicitó la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Como bien ha dicho el editorial de El País, el arresto de Uribe “pone a prueba la madurez política” de Colombia y, agrego yo, la confianza en el sistema judicial.
Bolivia atraviesa una transición cada vez más compleja. El gobierno interino de Jeanine Añez está desgastado y enfrenta una dura oposición de parte del Movimiento al Socialismo (MAS), que controla ambas cámaras del Congreso. Nuevos escándalos de corrupción, un mal manejo de la crisis sanitaria y una creciente polarización alimentan este cóctel explosivo.
Los nuevos comicios, presidenciales y congresuales, que debieron celebrarse el pasado 3 de mayo, fueron pospuestos dos veces debido a la pandemia. Cabe recordar que estas elecciones fueron celebradas en octubre de 2019 pero posteriormente anuladas por graves irregularidades denunciadas por la OEA.
Una nueva fecha, fijada para el 6 de setiembre fue nuevamente recalendarizada por el TSE para el 18 de octubre. El MAS, que continúa bajo el liderazgo del expresidente Evo Morales desde su exilio en la Argentina, se opone a este aplazamiento y presiona, con movilizaciones y bloqueos, para que los comicios se realicen en setiembre. Las últimas encuestas colocan al candidato presidencial del MAS, Luis Arce, en el primer lugar, pero obligado a tener que disputar un balotaje con el expresidente Carlos Mesa –que ocupa el segundo lugar en intención de votos– o con Añez, ubicada de momento en la tercera posición.
Ecuador tendrá elecciones el próximo 7 de febrero de 2021 en un difícil escenario socio-económico y en un contexto de marcada debilidad institucional y creciente polarización. La credibilidad del Congreso es del 5%, y la de los legisladores del 2%. Por su parte, el incumplimiento de las promesas de campaña, la crisis económica y diversos casos de corrupción hundieron la confianza del presidente Lenin Moreno al 8%, quien por mandato constitucional no puede aspirar a un segundo período.
A ello debemos sumar la posibilidad de que el ex presidente Rafael Correa pueda volver a competir en las próximas elecciones, no ya como candidato a la presidencia (la Constitución de 2008 no lo permite) pero sí como candidato a la vicepresidencia de una fórmula en la que aún se desconoce quien la encabezaría. La semana pasada, un juez del fuero contencioso electoral dejó sin efecto la suspensión del partido político que cobija al correísmo; sentencia que había sido dictada por el Consejo Nacional Electoral quien de inmediato apeló este fallo al pleno del Tribunal Contencioso Electoral. La disputa legal sigue abierta y el plazo para inscribir candidatos vence el 23 de agosto.
La única bocanada de oxígeno para el gobierno de Moreno viene de la negociación exitosa que acaba de hacer de la deuda externa; reestructuración que además de ahorrarle al fisco más de 1500 millones de dólares, le permitirá hacer inversiones sociales que son urgentes, ya que de no mejorar rápidamente la crítica coyuntura socioeconómica que atraviesa el país, existe el riesgo de que las protestas sociales –que tuvieron lugar a fines del año pasado y que fueron enviadas a cuarentena por la pandemia–, resurjan con fuerza.
En Perú, el martes 4 de agosto, el Congreso le negó el voto de confianza al ex primer ministro Pedro Cateriano, quien debió renunciar junto a todo su gabinete. Dos días después, el presidente Martín Vizcarra designó un nuevo gabinete liderado por el exministro de Defensa, Walter Matos, quien deberá ser investido en los próximos 30 días.
Se abrió así otra crisis entre el Ejecutivo y el nuevo Congreso que fue elegido a fines de enero de este año; crisis que tiene como causa principal la debilidad institucional del sistema político peruano. A ello debemos sumarle la propia debilidad de Vizcarra –un presidente sin partido, sin bancada parlamentaria y que llegó al poder debido a la renuncia del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski–, un escenario económico-social muy complejo y una crisis sanitaria que no cede.
Dos congresos y cinco primeros ministros en poco más de dos años que Vizcarra lleva en la Presidencia evidencian la marcada inestabilidad política del Perú. En este volátil escenario, el país se encamina a celebrar sus elecciones presidenciales y parlamentarias el próximo 11 de abril de 2021.
Venezuela, en tanto, sigue atrapada en su laberinto. El ilegítimo mandatario Nicolás Maduro ha aprovechado la pandemia para profundizar el autoritarismo y la represión. Las crisis económica, humanitaria y sanitaria continúan agravándose. El régimen autoritario chavista, aprovechando este complejo escenario y el mal momento que atraviesa la oposición, convocó recientemente a elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre; comicios que, de celebrarse con las actuales reglas y autoridades electorales, carecerán de los niveles mínimos de integridad electoral y legitimidad. El sector de oposición que es liderado por Juan Guaidó anunció que bajo esas circunstancias no participará en el proceso electoral.
Resumiendo, los Andes atraviesan nuevamente momentos de turbulencia y zozobra que si bien ya estaban presentes a fines del año pasado, con la anulación de las elecciones en Bolivia, la disolución constitucional del Congreso en el Perú, la grave crisis Venezuela y las protestas sociales en Ecuador y Colombia, la pandemia vino a exacerbar, desnudando la debilidad institucional, profundizando la inestabilidad y volatilidad política, acelerando el desgaste de los gobiernos y agravando la gobernabilidad. Se vienen “tiempos recios” en la región andina.
Fuente: Brújula Digital