Mientras los latinoamericanos intentan dejar atrás un aciago 2020, lidian con una pandemia que dejó más de 550 mil muertos e intentan recuperarse de la peor recesión en un siglo, se encuentran a la vez inmersos en un nuevo “superciclo” electoral que comenzó con los comicios presidenciales de 2020 en Bolivia y que culminará en 2024. Durante este período, todos los países latinoamericanos, excepto Cuba, irán a las urnas para elegir o reelegir por voto popular directo sus presidentes y congresos.
Solo en 2021 están previstas elecciones presidenciales y congresales en Ecuador, Perú, Nicaragua, Honduras y Chile, mientras que habrá comicios legislativos en Argentina, El Salvador y México y para constituyentes en Chile. Además, seis países celebrarán votaciones de corte local o regional: El Salvador, Bolivia, México, Paraguay, Chile y Venezuela. Puesto que la región sufrió una contrac- ción económica promedio de -8% del PIB en 2020 y de la cual emergieron 40 millones de nuevos pobres, gobiernos altamente endeudados tendrán que dar respuesta a nuevas y mayores demandas de protección económica y social, o las protestas de 2019 podrían regresar.
En este inusual contexto, el voto de castigo a los partidos oficialistas por el desempeño de los gobiernos durante la pandemia puede convertirse en una fuerte motivación y de paso abrir camino a líderes populistas, que puedan interpretar sensibilidades para traducirlas en promesas seductoras. También cabe la posibilidad del uso clientelista de ayudas sociales o de las vacunas.
Por lo tanto, la nueva etapa que se abre para América Latina, probablemente, quedará marcada por un advenimiento de ciclos políticos cortos, mayor alternancia, creciente necesidad de ir a segundas
vueltas para definir la presidencia y alta heterogeneidad ideológica. Gobiernos sin mayorías claras y sostenidos por coaliciones volátiles serán el reflejo de sociedades polarizadas y de sistemas políticos fragmentados. Su dilema inmediato: combinar medidas urgentes que mantengan en calma la “calle” con propuestas fiscales responsables.
Pero, a diferencia del pasado, habrá mayor dificultad de ser reelecto, como ya lo evidenciaron, en 2019, la derrota de Mauricio Macri y la crisis político-electoral que frustró la intención de Evo Morales de perpetuarse en el poder; tendencia que abrirá espacio a caras nuevas o a personajes de reconocida trayectoria política, pero que aún no han accedido a la presidencia.
Es cierto que cada país enfrenta coyunturas particulares, pero sin augurar resultados se puede revisar lo que está en juego en ellos.
En febrero o, de ser necesaria una segunda vuelta, en abril, quedará definido el sucesor del presidente Lenin Moreno. La disputa está centrada entre un giro conservador liderado por Guillermo Lasso o el regreso del correismo de la mano de Andrés Araúz.
Entre abril y junio, Perú escogerá a un nuevo mandatario en medio del Bicentenario de la República, que la encontrará sumida en una crisis política por los choques entre el Ejecutivo y Legislativo y la corrupción. La dispersión de los apoyos en una veintena de candidatos presidenciales también es una muestra de esta situación.
Chile será un verdadero laboratorio electoral con elecciones municipales, regionales, legislativas y presidenciales, pero más importante aún de constituyen- tes. Al alero de una reciente revuelta social, la democracia chilena renovará autoridades y las reglas del juego al mismo tiempo, lo que pone a prueba su capacidad institucional para manejar tanta incertidumbre.
Nicaragua tiene programadas elecciones generales para el 7 de noviembre, pero aún no es claro si el dictador Daniel Ortega buscará extender sus 14 años de mandato o si cederá la candidatura a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. A menos que haya una reforma electoral que ofrezca garantías reales, el proceso carecerá de los niveles mínimos de integridad electoral y terminará agravando la crisis política.
Fuente: La Voz