Darle alivio a las finanzas públicas del país con un enfoque social es el objetivo de la reforma tributaria que impulsa el gobierno de Iván Duque. Pero, a ojos de los colombianos, la propuesta es perjudicial para las personas de menores ingresos, cuya situación ya se ha visto golpeada por la pandemia.
“En Colombia llegó antes la propuesta de reforma tributaria que la primera dosis de vacuna”, explica el director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Luis Carlos Reyes, para ilustrar el manejo del Ejecutivo.
El proyecto de ley ingresado hace dos semanas al Congreso tiene tres ejes principales: eliminar la categoría de bienes exentos de Impuesto al Valor Agregado (IVA); ampliar el impuesto a la renta a personas naturales y disminuirlo a empresas. Los dos primeros puntos son ampliamente rechazados por la ciudadanía, que nuevamente se manifestó en las calles del país.
Pese a las críticas, el presidente Duque confirmó ayer que no retirará la reforma, afirmando que hacerlo “cuando se tiene la posibilidad de la modificación total en el Congreso sería un mensaje que en estos momentos podría generar no solamente una gran incertidumbre financiera y económica, sino que trae efectos negativos para toda la sociedad colombiana”.
En la misma línea, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, sostuvo que se podría eliminar la idea de gravar con IVA servicios públicos como gas, energía, acueducto y alcantarillado, y se mostró abierto a bajar la meta de recaudación de US$ 6.300 millones, por una entre US$ 4.800 millones y US$ 5.400 millones.
Liderazgo empresarial
El sector privado también ha rechazado la reforma, y la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) presentó su propia iniciativa, que a juicio de Reyes tiene más chances de prosperar.
El plan busca suspender los recortes de impuestos concedidos a las empresas -ahora de 50% y de 100% desde 2022- durante “el período necesario según los resultados que indique el marco fiscal de mediano plazo”.
También plantea aplazar la reducción de la tarifa del Impuesto a la Renta para las compañías -ahora de 31% y desde 2022 de 30%-, de acuerdo con los resultados de marco fiscal a mediano plazo. Además, busca establecer por dos años un gravamen de 1% a personas cuyo patrimonio sea superior a US$ 1,3 millones, similar a lo que propone el gobierno -que además sugiere un 2% desde US$ 4 millones-.
Con esto y otras medidas, se recaudarían US$ 3.247 millones.
De no aprobarse ninguna reforma tributaria, tanto Nikhil Sanghani de Capital Economics como Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, sostienen que es probable que el país pierda el grado de inversión.
Desde Bogotá, este último recuerda que el país tiene una calificación BBB- con perspectiva negativa de Fitch y S&P.
Aprendizajes para Chile
El director del Centro de Estudios Internacionales de la UC, Jorge Sahd, mira con atención la dificultad de generar consenso político “en torno a la importancia de la responsabilidad fiscal”, “la inconveniencia de emprender reformas complejas en tiempos de pandemia donde las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso son cada vez más tensas” y la “preocupante tendencia del aumento de violencia en las protestas”, todos aspectos similares a lo que, dice, ocurre en Chile.
Velandia destaca que la situación colombiana y chilena son diferentes, porque este último ha tenido más recursos, pero alerta que el espacio fiscal se va reduciendo. “Hay que empezar a prepararse para el ajuste fiscal y no permitir que las presiones fiscales se resuelvan en momentos críticos, como nos pasa a nosotros”, afirma, y recomienda a Chile “tomar esto como ejemplo de que hay que ir pensando cómo reponer esos activos del gobierno que se han ido gastando, y cómo se va a financiar el gasto futuro”.
En su opinión, el ajuste de Chile puede ser gradual, “pero deberían empezar desde ya a hacerlo”. Si hay que ir aumentando bases gravables, por ejemplo de personas naturales, indica que es el momento de discutirlo. “No esperar a que tengan que hacerlo por obligación, ya forzados, como tal vez le pasa a Colombia, porque ahí el proceso es mucho más complejo”, expresa.
Fuente: Diario Financiero