Opinión

La tributación es la preocupación

“El Estado de Derecho está funcionando en Chile, las instituciones y los órganos estatales están funcionando 24/7. En esto el inversionista extranjero no puede perderse por un minuto. No estamos en un vacío, ni en tierra de nadie. Hay ruido, hay dudas e incertidumbre, pero no hay un vacío. Solo se produce el cambio constitucional cuando se publica en el Diario Oficial la nueva Constitución, después que los ciudadanos hayamos votado que sí en el plebiscito de salida”. Es el análisis de Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., el abogado constitucionalista que se unió a las filas del estudio Carey, el pasado 1 de agosto, para liderar el área de Derecho Público. 

“Patricio no entra como socio, pero creamos un cargo a su medida y a las condiciones para que se sienta cómodo. Es el único consejero sénior que tenemos en la oficina”, precisa Jorge Carey, socio principal del bufete más grande de Chile y que cuenta con más de 270 profesionales. 

Carey explica que hace más de un año estaban explorando activamente ampliar el área de Derecho Público, debido a la gran cantidad de casos que han surgido y que los movilizaron a buscar un refuerzo. 

“Nos gusta reclutar abogados jóvenes, de las mejores universidades, y formarlos. De hecho, la última persona que trajimos desde afuera fue hace 26 años, y se trató de Diego Peralta, que era el fiscal de Citibank. La llegada de Patricio fue para potencial el grupo judicial”, detalla Carey. 

Zapata es profesor de Derecho Constitucional, abogado y magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile y máster en Derecho de la Universidad de Harvard. Encabezó el Consejo Ciudadano de Observadores del proceso constituyente convocado por la ex presidenta Michelle Bachelet en 2016 y fue candidato para integrar la Convención Constitucional, por el Distrito 10, pero no resultó elegido. 

“Mi postulación a la Convención fue algo muy puntual, pero mi vocación es trabajar en el campo del derecho y la universidad. Después de las elecciones contacté a mis amigos que me encantaría sumarme a un equipo y así poder relacionarme con más profesionales y se produjo un proceso de conversación con Carey, que duró poco más de dos meses”. desclasifica el constitucionalista. 

Zapata tenía su estudio boutique “Zapata Abogados”, el que está en proceso de cierre, y - cuenta- los primeros acercamientos con Carey fueron a través de su compañero de universidad Pablo Iacobelli, para luego ampliar el círculo con otros socios del bufete, hasta llegar a un acuerdo. 

Aterriza en un estudio donde el 75% de sus clientes corresponde a capitales internacionales que quieren invertir en el país, o se trata de empresas extranjeras establecidas en Chile. Por lo anterior, la firma es un buen barómetro para diagnosticar las preocupaciones de este sector, especialmente en medio de un proceso constitucional y con elecciones presidenciales ad portas. 

“Desde afuera las fortalezas institucionales de Chile se ven mucho más claras que desde el interior. Los extranjeros reconocen que estamos pasando por momentos difíciles y hay peligros al acecho, pero tienen fe en Chile y la siguen teniendo, basados en sus fortalezas institucionales. Hay preocupación, pero no ha disminuido el interés de invertir una parte de su portafolio internacional en Chile”, precisa Jorge Carey. 

El abogado específica que más que disminuir la cantidad y el interés por invertir en el país, hoy existe mayor cautela en la toma de decisiones. “yo habría pensado que, como consecuencia de la pandemia y el estallido de 2019, la inversión extranjera se iba a secar, pero no ha sido el caso. Pero no hay que olvidar que la confianza es un asunto muy frágil y que el capital se defiende huyendo, y en cualquier momento se pasan del modo entusiasmo al modo de huir”, advierte el experto. 

Respecto a las empresas extranjeras que hoy operan en Chile, Jorge Carey reconoce que algunas han evaluado la posibilidad de vender sus activos y bajar la cortina, pero la gran mayoría confía en que los problemas se van a solucionar. “Chile sigue siendo un país que atrae mucha inversión e interés, porque la gente, y me incluyo, confía en sus instituciones y en que vamos a salir adelante”, asegura esperanzado. 

Sin embargo, reconoce que, en lo personal, le inquietan el ruido, el ambiente y las declaraciones destempladas que se han visto en torno al proceso constituyente. “Me preocupa el ambiente que se está creando, porque no hay duda de que eso puede tener repercusiones en el desarrollo económico de Chile. También me preocupa que saliera una Constitución muy principista y se llevaran las reglas para el nuevo emprendimiento, en materia ecológica o tributaria, a un extremo, y que los constituyentes empezarán a definir políticas públicas que tienen que ser definidas por leyes. Podría salir una constitución muy garantista, que haga difícil que la sociedad funcione bien, y que se judicialice todo”, agrega Carey. 

¿Cuál es la principal preocupación que manifiestan los inversionistas extranjeros respecto de invertir en Chile hoy? 

JC: “El principal temor es que no se hayan aprendido lecciones del pasado, que revivamos ciertas políticas de los años 60 y 70 que probaron ser un desastre. Por ejemplo, una tributación no realista o excesiva, especialmente en materia minera. El proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados es, a mi juicio y de muchos expertos, un error enorme. La tributación es la preocupación y ese es el problema más grande que los inversionistas avizoran. En materia del derecho de propiedad, que podría ser algo que inquiete a los chilenos, a los extranjeros no les preocupa tanto, porque están protegidos por los tratados internacionales que ha firmado Chile. Lo que sí les preocupa a los extranjeros, como a la gran mayoría, es la validación de la violencia como método de cambio. Eso tiene que acabar ya, y en eso hay una visión unánime de los empresarios. Es un tema delicado y requiere de mucha fuerza de la clase política chilena para erradicarla”. 

PZ “Chile tiene una cierta prestancia que está afectada por un entorno complejo, pero las reglas que tenemos sobre probidad, reconociendo que hay hechos de corrupción, y la manera en que funcionan nuestras instituciones son muy importantes para un inversionista a la hora de elegir un país. En Chile hemos ido haciendo reformas importantes, como el Consejo para la Transparencia, fortalecer la Contraloría General de la República, invertir en nuestros tribunales de justicia, una reforma procesal penal de hace 25 años, todo eso no desaparece de un día para otro. Está ahí y es una reserva institucional de Chile”. 

¿Qué tan sostenible es que los inversionistas sigan confiando en Chile, y en su institucionalidad, en medio de este nivel de incertidumbre?

PZ “La pregunta es ¿tiene o no el país las reservas, en su historia, en su gente, en sus universidades, en sus profesionales, en sus pymes, en sus grandes empresas, que se necesitan para ganar, no de inmediato, sino en el mediano plazo, una batalla tan difícil? Miras la contingencia y la coyuntura, el exabrupto y el error, y eso es desalentador, pero estoy seguro de que Chile tiene esas reservas, en sus profesionales, en sus empresarios, en sus tribunales, en sus universidades, en sus medios de comunicación. A mi juicio, no se ha perdido ese músculo, está un poco atrofiado, dañado, pero me resisto a pensar que el músculo, está un poco atrofiado, dañado, pero me resisto a pensar que el músculo chileno que nos hizo tan orgullosos, en los noventas y en los do mil, se murió”.

¿Cuanto más puede aguantar ese “músculo”, en medio de la polarización, la violencia y las intenciones de algunos de terminar con todo lo avanzado? 

JC “Es evidente que enfrentamos un momento muy difícil y que declaraciones destempladas y posiciones extremistas e irrealistas preocupan. Pero uno confía en el buen sentido del chileno medio y en la madurez que tienen nuestras instituciones. La Convención Constitucional ya está trabajando, tenemos que confiar que va a salir algo relativamente razonable y la apuesta es que Chile una vez más va a salir bien. 

Patrício Zapata, usted fue candidato a constituyente y no salió. ¿Cuál es su mirada de la Convención y lo hecho en este primer mes de funciones? 

PZ “La Convención lleva apenas un mes, y si lo comparamos con el fútbol, estamos en el minuto ocho del primer tiempo. Mi visión es que no hay que precipitarse en hacer juicios, no se trata de ser ingenuo y es evidente que existen problemas de intoleracia bastante rudos, pero no son causados por la Convención. La Convención expresa los problemas de intolerancia que están en la sociedad chilena. Sigo creyendo que aquí hay una oportunidad. Lo peor que le puede pasar a un país es no tener una oportunidad o un camino. Ni yo ni nadie puede asegurar que esto va a tener una Constitución y que va a ser buena, pero como país tenemos un camino, lo apoyó la mayoría, y todos estamos llamados a contribuir”. 

¿Cuáles son las señales de alerta que se han encendido en este primer mes de la Convención Constitucional? 

PZ “ Veo con preocupación que un órgano, cuyo propósito es deliberar y dialogar, tenga en su interior a un grupo que es una minoria y que tiene dificultades para dialogar porque no respeta al otro. También veo que hay algunas personas que no quieren darle la oportunidad a la Convención y que aprovechan el menor tropiezo para intentar afecar su imagen, y descalificar y destruir cualquier posibilidad de avance. Existe esos dos sectores. Creo que se va adespejando el temor de que se pretenda saltarse las reglas, eso es crucial, y ya está practicamente instalado que en la Convención se van a respetar los dos tercios”. 

¿Cómo se evitar que algunos constituyentes quieran excederse en sus atribuciones y abogar por medidas como la liberación de presos políticos? 

PZ: “Sería muy negativo que la Convención excediera sus atribuciones, ha habido declaraciones y expresión de intenciones, pero no ha ocurrido. Eso está regulado, hay un recurso ante la Corte Suprema, y ese es el organismo que fiscaliza la Convención, y tiene jurisdicción para decirle a la Convención ‘eso no se puede hacer’”.

Fuente: El Mercurio