Ha sido noticia en las últimas semanas el retorno al trabajo presencial de los distintos tribunales del país, luego de dos años de prestar muchos de sus servicios mediante plataformas digitales. Este período sirvió, entre otras cosas, para transparentar tanto los beneficios como los desafíos que significa la justicia telemática.
En este sentido, Chile podría observar lo que han hecho otros países en la materia, como es el caso de China y las “cortes de internet”.
Desde 2015, China ha establecido tres de estos tribunales (Hangzhou, Shanghái y Beijing), donde su competencia son todas las materias relacionadas al uso de internet, como contratos, préstamos, propiedad intelectual, aplicaciones, plataformas y, en particular, el e-commerce.
En su funcionamiento el gobierno chino ha invertido considerablemente en diversas tecnologías para garantizar su correcto desarrollo y evitar las potenciales debilidades de prescindir de la inmediatez; desde soluciones de reconocimiento facial de los litigantes hasta el uso de blockchain para asegurar la integridad de la información compartida al sistema.
Pero los beneficios de las cortes de internet no se limitan a desarrollar un juicio de forma telemática, sino que las soluciones son muy numerosas y variadas. Por ejemplo, mediante inteligencia artificial (IA) se ayuda a las partes a redactar sus escritos y se les entregan datos jurisprudenciales para saber cómo se han fallado en el pasado casos similares. Adicionalmente, la IA ayuda a los jueces transcribiendo -en tiempo real- lo que dicen las partes durante el juicio, y preparando una propuesta de fallo una vez concluida la audiencia.
Esta tecnología, solo en el caso de Beijing, ha permitido la resolución de más de 40.000 casos al año y reducir el tiempo de los juicios a un promedio de 76 días.
No obstante las ventajas mencionadas, el sistema chino es consciente de que la adopción de nuevas tecnologías aún no está exenta de desafíos, por lo que se sigue privilegiando un sistema mixto, en donde el proceso continúa siendo dirigido por un juez, el que, por ejemplo, puede no utilizar el proyecto de fallo presentado por el sistema tecnológico, o solicitar a las partes comparecer personalmente ante el tribunal para la presentación de ciertos medios probatorios.
A nuestro parecer, la conclusión es evidente: la justicia digital -correctamente implementada- es una gran herramienta para garantizar un acceso a la justicia más expedito, más universal y, en un futuro cercano, probablemente más económico para el Estado y las personas. No obstante, para el éxito de este nuevo paradigma, será necesario una gran inversión en infraestructura tecnología, como de una adecuada educación de todos los usuarios involucrados.
Fuente: Diario Financiero