La declaración de los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina ante el frustrado intento de autogolpe del presidente Castillo en Perú, fue impresentable.
En medio de la profunda crisis del país vecino, en vez de reafirmar el valor del respeto a la Constitución y el Estado de derecho, la declaración señaló que el presidente fue “víctima de un antidemocrático hostigamiento” y que “(…) exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.
Por su lado, López Obrador, en México, añadía que “lamentaba lo que ocurría en el pueblo de Perú, todo por los intereses de las élites”, mientras que Petro en Colombia comentaba en su cuenta de Twitter que “la crisis en Perú (…) ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico latinoamericano”.
¿Qué llevó a parte de la izquierda latinoamericana a no condenar un intento de autogolpe de Estado, que amenazaba con intervenir el Congreso, el Poder Judicial y otros órganos del Estado?
En pleno año 2022, ciertas fuerzas de izquierda siguen sin entender que las relaciones entre países son de Estado, no de amiguismos ideológicos; y que toda cercanía o afinidad política de ningún modo puede condicionar el respeto irrestricto de principios básicos como el Estado de Derecho, la democracia y el orden institucional.
Ese mismo amiguismo latinoamericano lleva a episodios tan lamentables como la ambigüedad frente a las dictaduras de Cuba, Venezuela y la cada vez peor de Nicaragua; o al viejo anhelo de revivir organismos regionales que sirven como un club ideológico más que un diálogo regional efectivo, como Unasur. Esa parte de la izquierda latinoamericana, más que “progresista”, termina siendo totalmente “regresiva” en estas materias.
Así como en estas páginas criticamos en el pasado a las derechas por su escasa vocación regional y capacidad para construir redes internacionales, bien le vendría a esas fuerzas de izquierda entender que las relaciones internacionales no pueden estar al servicio de un proyecto ideológico. Por lo mismo, fue positivo que el gobierno de Chile no se plegara a la declaración a favor de Castillo y actuara con sentido de Estado, defendiendo la institucionalidad y la especial atención que requieren las relaciones con países vecinos. Mismo camino seguido por Lula en Brasil, quien declaró que el proceso de destitución y reemplazo en Perú fue constitucional.
Las fuerzas de izquierda deben entender que la sociedad latinoamericana no es la misma de hace 20 años, cuando la marea rosa era mayoría en la región. Hoy esa sociedad es mucho más impaciente, desideologizada y con crecientes demandas que una economía anémica y un aparato estatal añejo no logran procesar.
Una sociedad que enfrenta problemas complejos que requieren urgentemente diálogo regional. Por mencionar algunos, la migración, la expansión del crimen organizado y violencia, y la necesidad de atraer inversión para desarrollar el enorme potencial en recursos naturales y energías limpias. En estas ligas se requiere diálogo político y cooperación regional, más que para fines meramente ideológicos.
La incapacidad política de respetar principios básicos que trasciendan los amiguismos ideológicos hace imposible tener una mirada de largo plazo como región y tornan a nuestra querida América Latina cada vez más irrelevante.
Fuente: Diario Financiero