Si hay un debate cíclico que ha estado presente en las últimas décadas en Chile es el de la seguridad ciudadana. Cíclico no solo en cuanto a la demanda ciudadana permanente, sino también respecto a las formas de intervención que proponen las autoridades para enfrentar el problema desde las políticas públicas.
En Chile hemos tenido grandes acuerdos en muchas áreas: ahí están las concesiones y asociaciones público-privadas en infraestructura, la transparencia y probidad, entre otros. Pero si hay algo en lo que nos ha faltado ponernos de acuerdo como país es en cómo enfrentar la seguridad, sin populismos, con respuestas de largo plazo y no asociadas a la conveniencia de la temperatura de las encuestas, a la mirada del gobierno de turno o al clamor de la masa que transita pendularmente entre el castigo al infractor y el reproche al agente encargado del orden público.
Hoy enfrentamos un nuevo debate, instalado principalmente en el Ejecutivo y el Legislativo, y vemos a ciertas autoridades encaminadas en un relato que ha fortalecido una narrativa respetuosa de la autoridad y la sujeción al Estado de Derecho, lo que coincide con el estreno de un nuevo fiscal nacional y la oportunidad de darnos una institucionalidad fortalecida a partir del segundo tiempo constitucional que se abre con el debate de nuestra próxima Carta Fundamental, discusión hoy delineada con más orillas técnicas y desprovista de maximalismos que acompañaron el primer tiempo que hizo fracasar una primera oportunidad.
Pero en estos días ese camino ha tenido desviaciones erráticas, precisamente a propósito de la tramitación de la Ley Nain-Retamal que, como ha ocurrido otrora en estos mismos temas, vuelve a instalar fetiches y lugares comunes cuando se trata de hablar de seguridad y justicia.
Lo que está en juego hoy es mucho más que un falso dilema entre la etiqueta del “gatillo fácil” y el uso legítimo de la fuerza, es la posibilidad de construir un verdadero pacto de Estado en temas de seguridad ciudadana sin sospechas ni prejuicios, ni menos desde las ideologías de nichos identitarios políticos que confunden la demanda ciudadana con su hoja de ruta programática propia. Este es el momento de unirse frente a un mismo objetivo, legislando sin ambivalencias, sin estridencias, pero con firmeza.
En este contexto, no deja de ser admirable el coraje del Partido Socialista en el debate, que superpuso el espíritu de la iniciativa por sobre las asimetrías que podía generar la discusión al interior de la coalición, aun a riesgo de pagar un costo político al hacer pública su posición. Al final del día lo que está en juego, es poder lograr un amplio consenso sobre seguridad y derechos humanos, consenso que sufrió un quiebre severo en la forma de enfrentar su proyección desde el tejido social, a partir de octubre del 2019.
Para lograr ese consenso se debe volver a enfrentar la cuestión del orden público como un asunto de Estado, invirtiendo en la credibilidad institucional, regulando jurídicamente sin prejuicios y con claridad conceptual y sosteniendo un debate alejado de populismos y sospechas. Esto es lo que pide la ciudadanía, es su prioridad número uno, pero no basta satisfacerla con buenas leyes, también debemos tener debates que estén a la altura en el tono y que respondan al interés ciudadano general, el mismo que el 4 de septiembre del 2022 rechazó aventuras maximalistas y debilitamiento institucionales. Urge un gran acuerdo de Estado, y quien mejor que el propio Presidente para convocarlo.
Fuente: La Tercera