Los choques ideológicos, por sí solos, no resuelven la crisis que atraviesa América Latina. La débil coordinación regional limita la capacidad de los Estados para responder de manera efectiva a un enemigo común: el crimen organizado transfronterizo. Según el sexto informe de Riesgos Políticos para América Latina del Centro de Estudios Internacionales de la UC (CEIUC), este fenómeno es percibido como el principal riesgo por los encuestados; sin embargo, la fragmentación regional erosiona la posibilidad de generar respuestas conjuntas.
Para Robert Keohane y Joseph Nye (1977), los marcos institucionales reducen la incertidumbre y facilitan la acción colectiva. No obstante, en la actualidad, América Latina enfrenta este desafío mediante respuestas cada vez más unilaterales, muchas de ellas basadas en medidas comerciales. En este contexto, la estrategia de presión política impulsada por Donald Trump, centrada en la securitización y la arancelización del comercio, ha sido replicada por algunos países de la región.
Un ejemplo de ello es la decisión de Ecuador de imponer, el 20 de enero, un arancel del 30% a productos provenientes de Colombia, argumentando falta de cooperación en materia de seguridad. Por su parte, Colombia ha defendido su gestión destacando la incautación de más de 196 mil kilos de sustancias ilícitas en 2025. A esto se suman las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, quien, durante una visita a Ecuador, afirmó que la frontera se encuentra “en poder del narcoterrorismo”, reforzando una narrativa que politiza el conflicto y lo transforma en una disputa comercial y electoral.
Ecuador sostiene que la restricción responde a una amenaza a la seguridad nacional, particularmente vinculada al tráfico de precursores químicos en la frontera. En paralelo, Colombia ha activado el mecanismo de solución de controversias ante la Comunidad Andina, alegando una presunta vulneración del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, mientras el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no emita un pronunciamiento, el comercio bilateral permanece parcialmente paralizado, afectando cadenas de suministro, inversiones transfronterizas y operaciones empresariales que dependen de la estabilidad normativa del bloque.
Las consecuencias económicas son significativas. Las exportaciones de Colombia hacia Ecuador incluyen productos por aproximadamente 95 millones de dólares, vehículos por 65 millones y energía eléctrica por cerca de 230 millones. Por su parte, las importaciones colombianas desde Ecuador alcanzan los 808 millones de dólares, destacando bienes como atún, metales y manufacturas.
Mientras el conflicto diplomático es gestionado en redes sociales por Gustavo Petro, quien propone una mayor integración con el Mercosur, el presidente ecuatoriano ha advertido que la guerra comercial se mantendrá al menos hasta después de las elecciones presidenciales colombianas. Así, un conflicto de carácter político ha sido suficiente para paralizar cerca de 3.000 millones de dólares en comercio y dejar a 2.800 empresas en un escenario de incertidumbre, incluso jurídica. Esto evidencia que los mecanismos de solución de controversias no responden con la rapidez que exige la dinámica económica. En esta línea, el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, ha advertido sobre los efectos adversos para los demás países miembros del bloque.
En este contexto, el conflicto entre Ecuador y Colombia revela un cambio en la gestión de amenazas comunes, donde predominan respuestas unilaterales por sobre la cooperación regional. De mantenerse esta tendencia, América Latina enfrenta el riesgo de profundizar su fragmentación y de priorizar los ciclos electorales de corto plazo por sobre la estabilidad regional.