Si los últimos procesos electorales en Venezuela han estado ya signados por la desconfianza, las elecciones pautadas para el 6 de diciembre, en las que se renovará íntegramente su Asamblea Nacional con un mandato de cinco años, han generado aún mayores cuestionamientos en su integridad. Además, se darán en circunstancias particularmente adversas, pues a la crisis política y humanitaria por la que atraviesa el país, se suman los riesgos que trae la pandemia del Covid 19 que ha impactado la organización de procesos electorales en todo el mundo.
Actores diversos de la comunidad internacional, como el Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, así como organismos multilaterales e instituciones especializadas, han expresado sus preocupaciones frente a la convocatoria de un proceso electoral sin haber corregido los serios problemas advertidos en procesos anteriores y que en esta ocasión parecen haberse profundizado.
Los partidos de oposición, liderados por Juan Guaidó, y que han tenido el dominio de la actual Asamblea Nacional desde las últimas elecciones parlamentarias de 2015, han decidido no participar en la convocatoria del 6 de diciembre. Consideran que no se trata de elecciones libres y justas y han denunciado que las autoridades del órgano electoral fueron designadas por el propio gobierno de Nicolás Maduro con personas afines a su causa a través del Tribunal Supremo de Justicia, también bajo su control.
En este contexto, y con la finalidad de colaborar con una mejor comprensión de las condiciones en las que Venezuela llegará a esta elección, desde IDEA Internacional y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG-UCAB) se convocó a un destacado grupo de expertos nacionales para hacer una evaluación de los temas centrales que deben garantizar la integridad de cualquier proceso electoral.
Este grupo de especialistas ha producido un detallado informe que fue presentado en Caracas el pasado 12 de noviembre, en el cual se describen los principales problemas que enfrentarán estos comicios. Allí se ofrecen también recomendaciones que ayudarían a reconducir el proceso hacia parámetros de equidad y transparencia, lo cual ya no sería posible de cara a la elección convocada para el próximo 6 de diciembre, sino que implicaría el replanteamiento de las etapas ya ejecutadas bajo nuevas condiciones. Pero el gobierno venezolano, lamentablemente, se ha negado en varias ocasiones a hacerlo, incluyendo la oportunidad reciente en que la Unión Europea envió una misión para intentar un replanteamiento de la fecha y las condiciones bajo las cuales se realizarán estos comicios.
El informe, luego del análisis de variables críticas, cuestiona las condiciones bajo las cuales se está desarrollando este proceso. Uno de los aspectos más relevantes que refleja el documento es la judicialización y pérdida de autonomía de las organizaciones políticas para designar a sus propias autoridades, candidatos y tomar otras decisiones, elemento central para una competencia democrática. De hecho, a través del papel injerencista que ha tenido el Tribunal Supremo de Justicia en la dinámica interna partidaria, sustituyó a los dirigentes de los principales partidos políticos de oposición del país por otras directivas conformadas por otros actores con quienes el gobierno de Maduro ha establecido acuerdos, lo que ha puesto en entredicho no solo la seguridad jurídica del proceso electoral, sino los derechos políticos más elementales.
Esto, tal como es práctica común entre regímenes híbridos y autocracias electorales, ha implicado la fragmentación y sustitución de la oposición que detenta la mayoría del actual parlamento por una nueva y políticamente cooptada. Se trata, en consecuencia, de un proceso diseñado para que los resultados no generen ninguna sorpresa al gobierno, y que los partidos que participan sustituyendo o representando el rol de la oposición compitan entre ellos por un número de curules que fue aumentado de 167 a 277, en violación de la propia Constitución vigente, sin que medien reclamos ni exigencias sobre las condiciones de esta elección.
Otro aspecto importante en cualquier elección es el registro de votantes. Este debe ser preciso, creíble, actualizado y ajustado a la ley, garantizando que toda persona con derecho a votar pueda estar registrada. Si el registro, por razones de diseño o por decisiones de la autoridad electoral, excluye a una cantidad significativa de votantes, como aquí ha ocurrido según refleja el informe de los expertos, entonces se compromete seriamente la integridad de la elección. En el caso de Venezuela, además, hay una importante migración de ciudadanos hacia otros países, a quienes se les ha excluido de este proceso de registro, aparte de los nuevos votantes que siguen en Venezuela pero que tampoco pudieron inscribirse por las limitaciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral.
El informe aborda también la variable del voto secreto. Y se concluye que, precisamente, uno de los instrumentos fundamentales de coerción utilizado contra los electores venezolanos es la desconfianza sobre el secreto del voto promovida desde el mismo gobierno y que, a su vez, es acompañada de la amenaza de represalias contra aquellos votantes que tienen algún tipo de relación de dependencia económica directa o indirecta con Estado por la vía de empleos, contratos, programas sociales, entre otros.
Por otra parte, todos sabemos la importancia que tiene para la integridad de una elección que no se usen los recursos públicos en beneficio o perjuicio de los competidores, y el acceso a los medios de comunicación, tanto públicos como privados, en condiciones de equidad para todos los participantes. Los expertos convocados por IDEA Internacional y el CEPyG-UCAB han identificado una línea diversa de acciones que contravienen estas garantías, incluyendo el cierre de medios de comunicación y retiro de concesiones del sistema radioeléctrico; persecución legal, policial y “parapolicial” sobre periodistas, sus equipos de trabajo y dueños de medios; así como la compra de medios de comunicación a través de “aliados” y favores económicos a través de la contratación de pautas publicitarias y la asignación de divisas o financiamiento desde la banca estatal.
Otra carencia de este proceso es la falta de observación electoral, que es crucial para dar fe sobre sobre la integridad del proceso y sus resultados. La Unión Europea (UE) anunció el 11 de septiembre que “el tiempo ya es demasiado corto” para desplegar una Misión de Observación Electoral para el 6 de diciembre, que necesitaría de una invitación con al menos seis meses de anticipación para garantizar una observación técnica apropiada.
Las preocupaciones de los expertos también se extienden a las deficiencias técnicas del proceso de automatización en el que recientemente se ha contratado de manera secreta a una nueva empresa que proveerá el hardware y el software para este proceso. Asimismo, a la presente fecha se desconocen los protocolos de bioseguridad en el contexto de la pandemia que el organismo electoral implementará para asegurar la salud de los votantes, lo cual se podría traducir en temores justificados a la hora de ejercer el voto.
Lo cierto es que la experiencia venezolana e internacional comparada, indica que no es posible generar confianza en un proceso electoral sin atender los temas de fondo, o sea aquellos que han llevado a que en Venezuela se observe un severo deterioro de la democracia y la integridad de sus procesos electorales, como se refleja en los principales índices internacionales, como el de Freedom House, el Proyecto V-Dem, el Democracy Index de la Unidad de Inteligencia de The Economist o el Estado Global de la Democracia de IDEA Internacional. Esta tendencia, lamentablemente, se profundiza al evidenciarse problemas recurrentes y estructurales que afectan la integridad, legitimidad y credibilidad del próximo proceso electoral.
Es de suma importancia que la comunidad internacional y los propios venezolanos conozcan este informe técnico, donde además se ofrecen recomendaciones para rescatar la integridad electoral en los comicios venezolanos, como uno de los procesos críticos para el futuro democrático del país.